Ponencia presentada por la SEN. @irismmendoza en el #APPF:
Lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado

El crimen organizado es un fenómeno mundial contemporáneo que trasciende fronteras mediante las tecnologías emergentes y la globalización. Se constituye en un reto de alcance global que incide negativamente en la salud pública, la seguridad y el bienestar de toda la humanidad. También debilita las bases del desarrollo sostenible, de los sistemas jurídicos, de la estabilidad política y económica, y de las instituciones democráticas.

Además del terrorismo y el narcotráfico, el crimen contra el medio ambiente, el lavado de dinero y legitimación de capitales, los tráficos ilícitos de material nuclear y biológico, armas, explosivos, seres humanos, trata de blancas son, entre otros elementos y tipologías, son algunas formas de criminalidad globalizadas que por su virulencia constituyen una amenaza tangible para los Estados.

De igual forma, los vínculos entre la delincuencia organizada transnacional y la corrupción en los sectores públicos en los países, representan un riesgo grave a la seguridad internacional de las naciones y a la estabilidad política mundial.

Nunca antes organizaciones transnacionales delictivas han sido capaces de atentar contra las sociedades, su democracia, su forma de gobierno y la seguridad de sus ciudadanos como ahora. Su fuerza deriva del mismo proceso de globalización, de las nuevas tecnologías, de la capacidad de adquirir y desarrollar armas de destrucción masiva.

Estos nuevos retos a la seguridad de las democracias exigen de una vigorosa acción colectiva del concierto de naciones para enfrentarlos, al igual que de nuevos enfoques conceptuales sobre la función de orden público y sobre las instituciones militares y de policía.

Es necesaria la definición y construcción de una agenda internacional de seguridad ampliada y abierta a la inclusión de nuevos temas. Reposicionar la trascendencia que reviste la cooperación entre los países para la seguridad y la necesidad de un mayor diálogo sobre temas de seguridad y fomento de la paz entre las naciones.

El consenso democrático debe erigirse en el eje fundamental en torno al cual se organicen, estructuren y proyecten las actividades de prevención, protección, disuasión y cooperación.

El desarme, el control y limitación de armas, los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el mejoramiento de la calidad de vida, la seguridad ciudadana, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, entre otros, son asuntos que deben ser incorporados en la agenda para poder avanzar hacia el establecimiento de sociedades democráticas pacíficas y más seguras.

El Narcotráfico produce enormes costos sociales; el dinero y los ingresos provenientes del tráfico de drogas constituyen una pérdida neta para el crecimiento económico; los carteles de las drogas y las organizaciones criminales ponen en peligro la seguridad de nuestros pueblos a través de la corrupción, la intimidación y la violencia.

El soporte en el que se sostienen las organizaciones delictivas es la violencia, la corrupción y la obstrucción a la justicia.

Para hacer frente con éxito a este fenómeno criminal es necesario que el concierto de países desarrolle una estrategia integral, que dentro del pleno respeto a las soberanías de las naciones y los derechos humanos, sea capaz de confrontar efectivamente todas las manifestaciones del problema.

En principio, establecer políticas que permitan la identificación de redes de tráfico de estupefacientes y de lavado de dinero a nivel internacional, el enjuiciamiento de los criminales involucrados y la incautación de bienes producto de la actividad ilícita.

Asimismo, la adopción de programas para la prevención y la reducción de la demanda y el consumo de drogas ilícitas.

También la puesta en marcha de sistemas de cooperación internacional para el seguimiento y control de los productos químicos precursores, armas y explosivos.

Así como acciones de coordinación internacional para el control de los flujos de narcóticos.

En este sentido, es indudablemente que la lucha contra el lavado de dinero debe situarse como uno de los aspectos centrales del esfuerzo común contra las drogas ilícitas y las organizaciones criminales internacionales.

Específicamente, los países deben trabajar de manera coordinada en tres grandes áreas para mejorar la eficacia de las acciones contra el blanqueo de capitales y el lavado de dinero.

En primer lugar, fortalecer su legislación doméstica en materia de lavado de dinero y establecer instrumentos jurídicos eficaces para su detección e investigación.

En segundo lugar, hacer más eficientes las instituciones judiciales y de procuración de justicia que tienen la responsabilidad jurisdiccional en cada país en los casos de crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero.

En tercer lugar, fortalecer la cooperación en el intercambio de información, inteligencia y evidencia entre las autoridades de las naciones.

Es evidente que hasta ahora la lucha contra el crimen organizado transnacional, no ha tenido el éxito esperado.

Los países en general no han acertado con las soluciones para enfrentar esta amenaza, ya sea porque no tienen los medios apropiados, porque las autoridades no aplican con firmeza las leyes, porque no hay intercambio de informaciones o porque no hay coordinación cooperativa.

Por ello, es necesario que exista una cooperación coordinada entre las agencias responsables de combatirlo, esto es, compartiendo la información disponible, facilitando las investigaciones, dictando leyes armonizadas entre todos los países involucrados y estableciendo apoyos técnicos mutuos entre todos los organismos especializados en este fenómeno.

Del mismo modo, dentro de una estrategia global es necesario considerar la tipificación internacional del delito, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales.

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