EL FOMENTO DE LA IMPUNIDAD DESDE LOS TRIBUNALES, ES LA MAYOR INCITACIÓN AL
DELITO, ¿CUANDO SERÁN JUZGADOS LOS JUECES Y FISCALES POR INCITACIÓN A DELINQUIR?



Estimados compatriotas y combatientes que conformamos el Frente de Resistencia
contra la Delincuencia Cuello Blanco y Franela Roja. Seguimos intentando
desenmascarar la red de jueces que favorecieron a personas acusadas de delitos
que van desde narcotráfico, asesinatos y todo tipo de delitos, tras recibir
pagos ilegales.
Estas denuncias han sido reiteradamente enviadas a la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura (DEM) del TSJ. Un antiguo camarada me remite un extracto de algunas
de las múltiples señalamientos de jueces del estado Lara, que han sido
denunciados con pruebas, se su actuación irregular y “complaciente”, en el
otorgando medidas de libertad o de casa por cárcel a peligrosos
narcotraficantes.
El informe, inédito hasta ahora, cubre una indagación realizada entre los años
2000 y 2005, por la Dirección General de Seguridad del TSJ, a cargo de un
oficial de inteligencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y revela
nombres y apellidos de jueces cuya actuación fue cuestionada y sometida a
investigaciones disciplinarias.
El reporte indica que entre los años 2000 y 2005, “el estado Lara se había
convertido en el paraíso de la impunidad para los narcotraficantes,
secuestradores y corruptos”, debido al inusual número de sobreseimientos,
libertades plenas y condicionadas a través de medidas cautelares, que se tomaron
en tribunales de ese estado.
El reporte hace una detallada relación de las “mafias tribunalicias” que
controlan el sistema judicial en el estado Lara, donde en un mismo tribunal
trabajan hermanos, sobrinos, cuñados y otros familiares del juez titular, en un
abierto nepotismo que atenta contra las leyes.
A continuación los extractos más importantes del informe dedicado a los
tribunales en el estado Lara. Así mismo, se prepara una entrega sobre sentencias
preparadas por magistrados en acuerdo con fiscales del Ministerio Publico para
condenar o extorsionar a algunas personas a las que se le seguía juicio. Muchos
de los nombres que serán revelados corresponden a personas que viven en el
exterior y ex magistrados que disfrutan de una relativa posición social y
publica y continúan ejerciendo impunemente su profesión como abogados.
•“En el año 2000, la Corte de Apelaciones del Estado Lara devuelve bienes
confiscados y da la libertad a un narcotraficante, a quien se le incautan doce
kilos de heroína líquida, en un procedimiento que era seguido desde San
Cristóbal y es realizado en el Estado Lara, donde los tres jueces que
conformaban la Corte de Apelaciones para ese momento, producen la decisión que
complace una vez más al narcotráfico”.
•En el año 2002, el juez José Vicente Sandoval, ex presidente de la Corte de
Apelaciones, otorgó la libertad a una persona que era su compadre y había sido
su cliente en el Estado Cojedes, quien estaba siendo juzgado por el delito de
homicidio calificado, un episodio conocido como el caso Ecarri. El caso era
conocido por la existencia de un video donde observa al homicida acciona el arma
en una manga de coleo y fue transmitido en las televisoras nacionales. Este
procesado se mantuvo desde ese entonces en libertad, con una medida cautelar
hasta principios del 2006, cuando violó el beneficio y le fue revocado.
•En el año 2003, la jueza Belinda Alvarado otorga una medida cautelar a dos
ciudadanos españoles, a quienes se les incautaron 240 kilos de cocaína. Estas
personas fueron beneficiadas con un arresto domiciliario. Más tarde, uno de los
procesados viola la medida complaciente y es capturado en España con 500 kilos
de cocaína. Actualmente está purgando condena en un centro penitenciario del
estado, y no en su casa. El otro procesado ha disfrutado de su arresto en la
comodidad de su hogar, burlando la justicia aún cuando es responsable de esa
gruesa cantidad de droga incautada.
•A mediados del año 2003, el juez Alvaro Guerrero da la libertad a un extranjero
(colombiano) sin residencia en el país, alegando que el procesado estaba
deprimido en la cárcel de Uribana, siendo que a este procesado le fue incautada
la cantidad de 1280 kilos de cocaína mientras la transportaba. Es de hacer
notar, que mientras esta inmensa cantidad de droga se encontraba custodia del
Destacamento 47 de la Guardia Nacional, parte de ella fue sustraída de la sala
de evidencias de esa instalación militar.
•En este mismo año 2003, el juez Domingo Martínez, da la libertad a William
Fajardo, el llamado “Zar de la Droga”, a quien se le incautaron 3.500 kilos de
cocaína y fue acusado del delito de legitimación de capitales. Luego de varias
diligencias procesales, se consigue revocar la libertad de este narcotraficante
y en los actuales momentos, se encuentra en el centro penitenciario, gracias a
la acción de los jueces honestos que no permitieron la salida de este Zar de la
Droga.
•En el año 2004, la jueza Lina Dupuy, otorga libertad a Carlos Alberto Decaies,
un homicida convicto, confeso y condenado, calificado como psicópata, quien
asesinó a una familia completa (padre, madre e hija) utilizando una mandarria y
enterrándolos en su propia casa. Luego, la Corte de Apelaciones revoco dicha
decisión, ordenando su detención inmediata.
•En el año 2004, el presidente del Circuito Penal del Estado Lara, para ese
entonces, Leonardo López, es investigado por la Fiscalía de Salvaguarda de ese
estado, porque se le imputa el delito de corrupción judicial, en virtud de que,
entre otras cosas, las decisiones que él tomaba, eran hechas en un bufete de
abogados. Incluso el abogado defensor en un caso de corrupción, forma parte del
bufete que fue allanado y donde se presume se hacían las sentencias que dictaba
el citado juez, el cual formaba parte de la Corte de Apelaciones del estado
Lara, actualmente suspendido. Aunado a ello, el referido juez manipulaba incluso
la distribución de las causas a través del sistema Juris, solicitado a través de
un abocamiento por parte de la Sala de Casación Penal del TSJ, por lo que dicho
expediente, en la actualidad, reposa en la referida sala, a la espera de
decisión.
•En los primeros meses del año 2005, el Juez Wilmer Muñoz da libertad a una
pareja que se le incauta dos kilos de cocaína, empacados en dediles, junto a
pasaportes, boletos aéreos con destino a Madrid, euros, pesos colombianos y
dólares. Este juez fundamenta su decisión en los dichos de la defensa, que nunca
fueron comprobados, a pesar de los elementos de convicción que incriminaban a la
pareja, y que el juez no tomó en cuenta. Luego, la Corte de Apelaciones ordenó
la captura de los narcotraficantes, pero al quedar en libertad, se fugaron.
•En este mismo año de 2005, el juez Wilmer Muñoz otorga libertad a cuatro
homicidas del ingeniero Saenz, valiéndose de un tecnicismo jurídico y a través
de medidas cautelares se burló de la justicia y de las víctimas. Esta escabrosa
decisión fue revocada por la Corte de Apelaciones del Estado Lara, que ordenó
captura y reclusión y a esta fecha los homicidas fueron condenados y purgan
condena en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental.
•También en el 2005, la Corte Accidental del Estado Lara conformada por los
jueces Marcos Aponte, Ana Grau y Dulce Mar Montero, esta última con voto
salvado, ante la grotesca decisión, en la cual se acuerda dar una medida
cautelar a los cinco ex funcionarios del SENIAT quienes fueron sorprendidos en
flagrancia, extorsionando a un rector de una universidad del Estado Lara. A
estos procesados se les imputaban los delitos de concusión, agavillamiento y
resistencia a la autoridad. Así mismo dicha corte accidental anuló el 70 por
ciento de las pruebas de la fiscalía para favorecer a los procesados. La Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revocó tal decisión y ordenó
incorporar las pruebas al proceso por ser legítimas y legales, poniendo orden en
el proceso. En ese mismo caso, la jueza Laura Adams, favoreció con omisión de
pronunciamiento a los procesados con el objeto de mantenerlos en un sitio de
reclusión que no les correspondía, pero donde conseguían privilegios.
•En marzo de 2005 es otorgada la libertad a Johnny Bolívar (Capitán Bolívar),
acusado de secuestro, por la juez Memphis Alvarez. Esta magistrada tomó la
grotesca decisión de suspender las medidas cautelares de prohibición de enajenar
y grabar y secuestro sobre los bienes incautados, dejando en indefensión a las
víctimas del secuestro y al Ministerio Público. Esta decisión fue revocada por
la Corte de Apelaciones del Estado Lara, a través de un amparo, ordenándose
nuevamente su privación de libertad y el mantenimiento de las medidas
cautelares. Finalmente, en febrero de 2006, el acusado Johnny Bolívar fue
condenado a cumplir 23 años de prisión.
•Mientras esto ocurría en los tribunales penales, los tribunales civiles en Lara
eran manejados por familias y bufetes que decidían la suerte de los casos más
importantes en esa entidad federal, el nepotismo, la anarquía, el compadrazgo y
el tráfico de influencias, se adueñaron de todo el sistema judicial civil.
•Se han detectado importantes casos de nepotismo en el estado Lara como el caso
siguiente: En los Tribunales Superiores Civiles del Estado Lara encontramos
entre otras cosas que, la doctora Delia Raquel Pérez de Anzola, era la Juez
Superior Civil (titular); Gustavo Adolfo Anzola, conjuez Superior Civil (suegro
de Delia Raquel Pérez de Anzola); Miguel Anzola conjuez de otro Tribunal
Superior Civil, (hijo de Gustavo Adolfo Anzola y cuñado de Delia Raquel Pérez de
Anzola), y aunado a eso, el abogado Gustavo Adolfo Anzola, es primer Conjuez del
Tribunal Superior Contencioso Administrativo siendo (su nuera), la abogada
Sandra Arce Crespo, Segunda Conjuez. En los Tribunales de Primera Instancia en
lo Civil, cuatro (4) en total, el Tercero Civil, el titular es el abogado Julio
César Febres; y en Segundo Civil la titular es Tamar Granados (quienes son
cuñados). Así mismo encontramos que el personal medio del poder judicial, se
reparten los cargos entre hijos, sobrinos, primos y demás familiares de los
jueces que los componen, incluso tribunales donde trabajan esposos y cuñados de
una misma persona, situación ésta que la Dirección Administrativa Regional (DAR)
de Lara está tratando de erradicar.

Recibo queridos camaradas y compatriotas, este reporte del Comité de Victimas
Contra la Impunidad-Lara (Covicil), el cual transmito sin desperdicio:
El edificio Nacional, sede de los tribunales de Barquisimeto, irónicamente
ubicado a un costado de la plaza Bolívar y bajo la mirada del “Padre de la
Patria, se parece a la cueva de Ali baba, solo que allí los conocidos
ladrones,…. los que lo habitan tienen toga y birrete.
Esta afirmación no es gratuita, cuando la aplicación de la justicia se convierte
en un negocio más, en un laberinto en el que prevalecen intereses económicos o
componendas al servicio del gobierno de turno, deja de ser justicia para
convertirse en dictadura de la impunidad, donde jueces y fiscales complacientes,
comerciantes, traficantes y mercenarios, juegan a la re victimización, abuso,
arbitrariedad y burla de quienes se someten al calvario de buscar justicia en la
oscura cueva de los ladrones.
Ese entramado laberinto de la impunidad, compuesto por incontables pasadizos
siniestros, atestado por un sinnúmero de de víctimas que terminan aniquiladas
entre el diferimiento incontable de audiencias o audiencias realizadas seis
horas después de lo pautado, fiscales adormecidos o pegados al BlackBerry
durante los actos procesales, el descaro en la motivación de las sentencias para
darle paso a la impunidad a través de la Corte de Apelaciones, el amiguismo
entre la parte acusadora y defensora, la perpetua humillación a las víctimas ,
reconstrucciones de hechos amañadas, la total ausencia de ética al otorgar
beneficios a criminales reconocidos con el mismo desparpajo con el que se
absuelve a funcionarios policiales procesados por ejecuciones, violaciones,
desaparición forzada, extorsión y secuestro, dan cuenta del gigantesco fraude
que son los tribunales de Lara.
Esta realidad arropa a todo el sistema judicial en Venezuela, donde el Circuito
Judicial de Lara es tal vez el más corrupto del país. Su podredumbre es de tal
magnitud que el propio gobierno nacional, a través de sus órganos ejecutivos y
judiciales, ha realizado varias investigaciones donde una y otra vez sale a
relucir la corrupción de la “justicia” vendida al mejor postor. Casos elocuentes
fueron los del ex Juez Rector Amado Carrillo y los fiscales Petrillo, Perera y
Flores; la incidencia en la designación de jueces del nefasto capitán Bolívar
preso en Uribana. Las maniobras y pase de facturas en la mayorías de estas
denuncias han sido utilizadas por estas mafias judiciales para sustituir a una
mafia por otra en una suerte de “quítate tú pa ponerme yo” y lejos de depurar el
sistema aplicando sanciones penales contra los corruptos éstos terminan siendo
premiados con cargos hasta de mayor jerarquía
Desde la investigación del 2005 ordenadas por la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura (DEM) del TSJ, bajo la dirección del corrupto y prófugo Velásquez
Alvaray ante las continuas denuncias contra jueces de los estados Lara y
Carabobo, viene quedado demostrada la actuación “complaciente” de jueces que
otorgan medidas de libertad o de casa por cárcel a peligrosos narcotraficantes,
hasta las denuncias hechas por Sebastiana Barraez, por algunos diputados del
anterior Consejo Legislativo del estado y por el COVICIL; una y otra vez se
descubren los extensos tentáculos de la delincuencia organizada, el narcotráfico
y los organismos policiales y para policiales en el circuito Judicial de Lara
desde el mandato del ex gobernador Reyes Reyes hasta la fecha.
Prueba de ello es también el informe del Tribunal Supremo de Justicia. Allí se
muestra cómo, desde la llegada al estado del tenebroso dúo de Reyes
Reyes-Rodriguez Figuera, se incrementó la corrupción judicial, situación que aun
se mantiene dando paso a nuevas expresiones de la delincuencia organizada como
lo es el sicariato político de Mijaíl Martínez, donde quedó develado el
engranaje que articula a los cuerpos policiales, el Ministerio Público y el
Poder Judicial de la entidad con estos hechos criminales. En algunos pasajes del
mencionado informe se lee: “En el año 2002, el juez José Vicente Sandoval, ex
presidente de la Corte de Apelaciones, otorgó la libertad a una persona que era
su compadre y había sido su cliente en el Estado Cojedes, quien estaba siendo
juzgado por el delito de homicidio calificado, En el año 2003, la jueza Belinda
Alvarado otorga una medida cautelar a dos ciudadanos españoles, a quienes se les
incautaron 240 kilos de cocaína. A mediados del año 2003, el juez Álvaro
Guerrero da la libertad a un ..Colombiano).., alegando que el procesado estaba
deprimido en la cárcel de Uribana, siendo que a este procesado le fue incautada
la cantidad de 1280 kilos de cocaína mientras la transportaba.
En el año 2004, la jueza Lina Dupuy, otorga libertad a Carlos Alberto Decaies,
un homicida convicto, confeso y condenado, calificado como psicópata, quien
asesinó a una familia completa (padre, madre e hija) utilizando una mandarria y
enterrándolos en su propia casa. También en el 2005, la Corte Accidental del
Estado Lara conformada por los jueces Marcos Aponte, Ana Grau…. se acuerda dar
una medida cautelar a los cinco ex funcionarios del SENIAT quienes fueron
sorprendidos en flagrancia, extorsionando a un rector de una universidad del
Estado Lara. El reporte hace una detallada relación de las “mafias
tribunalicias” que controlan el sistema judicial en el estado Lara, donde en un
mismo tribunal trabajan hermanos, sobrinos, cuñados y otros familiares del juez
titular, en un abierto nepotismo que atenta contra las leyes. Mientras esto
ocurría en los tribunales penales, los tribunales civiles en Lara eran manejados
por familias y bufetes que decidían la suerte de los casos más importantes en
esa entidad federal, el nepotismo, la anarquía, el compadrazgo y el tráfico de
influencias, se adueñaron de todo el sistema judicial civil”
http://impactocna.com/2010/11/10/informe-secreto-del-tsj-)
El informe del TSJ concluye con esta frase lapidaria: …el estado Lara se había
convertido en el paraíso de la impunidad para los narcotraficantes,
secuestradores y corruptos,…” De todos estos casos de jueces, fiscales,
funcionarios policiales y militares hasta el sol de hoy, ninguno ha sido
juzgado, a lo máximo son destituidos y como señala la noticia “Muchos de los
nombres que serán revelados corresponden a personas que viven en el exterior y
ex magistrados que disfrutan de una relativa posición social y pública y
continúan ejerciendo impunemente su profesión como abogados”.
Gracias a este sistema judicial cada día aumenta el número de funcionarios
policiales y militares que asesinan, secuestran, extorsionan y hasta ahora
ninguno ha sido juzgado, SON VIOLACIONES A DDHH IMPUNES porque estos delitos son
cometidos a diario en el ejercicio de sus funciones como el asesinato de los
hermanos Pérez Heredia, las masacres de El Tostao, Quibor, Chabasquen, Loma de
León, Los Pocitos, San Juan… entre tantas otras, y no hay fiscal que investigue
ni juez que sentencie para poner coto a la epidemia que carcome las bases del
llamado estado de derecho.
Ante el imperio del crimen y la impunidad reiteramos el llamado a las
comunidades a no sucumbir ante el dolor y la impotencia, a ejercer el derecho
alternativo a la denuncia, a desenmascarar a la banda organizada de funcionarios
que han convertido al estado Lara el reino de la impunidad, pues es tan criminal
el policía y militar asesino como el fiscal que no acusa o el juez que otorga la
patente de corso para que continúe delinquiendo, a denunciar a los medios de
comunicación que crean matrices de opinión para promover la tolerancia social
ante estos crímenes, llamamos a los gremios, a las organizaciones de base a
discutir y conformar una plataforma de lucha permanente que denuncie estos
atropellos, extendiendo la solidaridad, la lucha organizada y alzarnos en una
sola voz para hacer valer nuestros derechos.
JUICIO Y CARCEL PARA LOS FUNCONARIOS CORRUPTOS
¡SOLO CON LA UNION COMBATIVA DE LAS VICTIMAS PODEMOS ALCANZAR NUESTRA
REINVIDICACIONES!

Es auténtico

Douglas Arrecho y ahora mas arrecho que Bravo

Febrero 2012

Reply · Report Post