Últimas aclaraciones (espero), desde otra perspectiva.

Yo ya quería dar por terminado este debate, pero me veo obligado a continuar. Voy a tratar de exponerlo de otra forma. Queda claro que no lo hago por el puesto o el dinero (a los que ya renuncié) o por los "15 minutos de fama" derivados de este asunto (que no necesito). No me creo perseguido ni víctima. Tampoco mártir de la libertad de expresión. Lo hago para exponer la perversidad del siguiente mecanismo orquestado por un funcionario público:

1. Un ciudadano es acusado de expresar “opiniones contrarias al Gobierno” (sin que éste lo sepa ni sepa, por tanto, cuáles fueron esas opiniones);
2. En secreto, la autoridad (la Canciller) da entrada a esas acusaciones, juzga y decide aplicar una sanción (el retiro de un puesto público);
3. La autoridad le comunica la sanción al ciudadano, ocultándole todos los pasos anteriores y mientiendo de manera flagrante sobre sus causas (atribuyéndolas con dolo a un recorte presupuestal);
4. En su mínima expresión (soy el primero en no exagerar la importancia de este asunto), se trata de un pequeño y torpe proceso inquisitorial, propio de Kafka (aunque Josef K. nunca pudo saber de qué se le acusaba).
5. Es la funcionaria pública en cuestión quien debería aclarar(nos), por ende, cuáles fueron esas opiniones. Eso es todo: decir la verdad para que esta actuación no se repita. Y denunciar el mal uso del ejercicio público.

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